Agosto de 2011.
BOLETÍN INFORMATIVO
DAÑO MORAL EN MÉXICO ATAQUE JUDICIAL A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
LA PRIMERA SALA DE LA SCJN RESOLVERÁ EL CASO SOSA CASTELÁN Vs ALFREDO RIVERA FLORES EL 10 DE AGOSTO DE 2011.
EL MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA ELABORARÁ LA NUEVA RESOLUCIÓN
- La actuación del Poder Judicial se convierte en un factor de ataque a la libertad de expresión en casos de Daño moral. La Suprema Corte puede poner un alto.
- El juicio que suma 7 años sin sentencia definitiva se generó por la elaboración del libro “La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo”
- Está en juego la libertad de escribir libros académicos que documenten la historia a través de sus actores y el escrutinio que se debe hacer a las figuras públicas en las sociedades democráticas.
- Se presentó recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las cuestiones constitucionales que se manejaron en la resolución, el caso cubre los requisitos de importancia y trascendencia que permitió su admisión.
- Ahora el caso está en manos del Ministro Ortíz Mayagoitia.
Después de siete años de tramitación del Juicio de daño moral (que no debió pasar de 2 años) la Primera Sala de la SCJN resolverá en definitiva. Está en riesgo de que quede como definitiva la resolución con tres aberrantes cosas:
1) Lo castigan hasta por lo que no hizo.- utilizando teorías de hace más de 200 años, le sancionan no sólo por elaborar el libro sino por publicarlo y distribuirlo (estas dos últimas cuestiones que realizó la editorial sobre la cual es autor retiró la demanda), este elemento es determinante y que el Juez que cuantifique el daño debe tomar en cuenta el grado de participación de quien lo causa;
2) Le niegan la aplicación del principio de retroactividad en beneficio (en donde no debería pagar cantidades exorbitantes) acorde a la Ley de responsabilidad civil para la protección de la vida privada, el honor y la propia imagen en el D. F, vigente desde el 2006 que ya no sanciona en dinero sino con la publicación de la sentencia; violentando el artículo 14 constitucional; y
3) Dejan de atender los últimos criterios de la Suprema Corte en donde queda claro que una figura pública en difusión de información de interés público tiene un grado de protección menor que las personas que no ejercen gasto público. Mismos que fueron invocados por la defensa y dejaron de razonarlos. (Caso Ley de imprenta Guanajuato y Martha Sahagún Vs Proceso y Olga Wornat)
- Datos del Recurso de Revisión al Juicio de Amparo: Expediente 1057/2010, Primera Sala de la SCJN que preside el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.
El 6 de agosto del 2004 se inició demanda por daño moral en contra de los que participaron en la elaboración del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo de Alfredo Rivera Flores, prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa, edición Miguel Ángel Porrúa, diseño de portada Enrique Garnica Ortega, formación tipográfica Libraria S. A. de C. V., fotografía del autor Héctor Rubio Traspeña. Un juicio que debió tardar ocho meses en primera instancia se llevó más de cuatro años para obtener la primera sentencia, convirtiéndose en una forma indirecta de inhibir la libertad de expresión a través de juicios interminables que coaccionan a los periodistas.
Al respecto hay que señalar que el actor del juicio, Gerardo Sosa Castelán, es una figura pública por los diferentes cargos Públicos que ha tenido, entre los que destacan: Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, precandidato al gobierno de Hidalgo, exPresidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional y ex Diputado Federal. Por otra parte las manifestaciones vertidas en el libro objeto de este litigio se refieren a hechos ciertos y conocidos, por lo que no se ataca su honor o vida privada.
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE EN SUS MANOS LA POSIBILIDAD DE PONER UN ALTO A LAS DEMANDAS POR DAÑO MORAL QUE REALIZAN FIGURAS PÚBLICAS CONTRA PERIODISTAS QUE HACEN UN USO RESPONSABLE DE SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CASOS DE INTERÉS PÚBLICO.
Desde la UAM-Cuajimalpa, la Abogada Perla Gómez Gallardo lleva de manera gratuita este caso emblemático como proyecto académico que documentará en estudios especializados.
